La jueza de distrito de Toluca, Estado de México, encargada de los casos de amparo y procesos penales federales, ha determinado imponer cargos por delincuencia organizada contra ocho militares acusados de tener presuntos lazos con el cártel Guerreros Unidos, en relación con la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Según la defensa de los militares, la jueza Raquel Duarte Cedillo ha considerado que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado pruebas suficientes para sostener que estos militares mantenían vínculos con individuos pertenecientes al crimen organizado.
Recientemente, la FGR ha obtenido nuevas órdenes de arresto contra Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Tres de estos individuos fueron detenidos, mientras que los otros cinco se entregaron voluntariamente a las autoridades el pasado 1 de febrero, tras conocerse la emisión de las órdenes de arresto.
Estos militares, que anteriormente estaban en libertad mientras enfrentaban un proceso penal por el delito de desaparición forzada en relación con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, habían obtenido protección judicial mediante un juicio de amparo.
Sin embargo, en esta ocasión, el Ministerio Público Federal ha acusado a los ocho militares de participar en delincuencia organizada.
Después de haber sido detenidos en junio del año pasado y permanecer recluidos en el Campo Militar 1-A en la Ciudad de México, los militares fueron puestos en libertad condicional en enero, pero ahora se encuentran nuevamente bajo custodia en una prisión militar.
