La asociación ambiental Terra Peninsular denunció penalmente ante el Décimo Cuarto Tribunal Administrativo de la Ciudad de México a los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín y Rosario Robles Berlanga, por la presunta venta ilegal de predios en dos reservas naturales de la Bahía de San Quintín, Baja California.
La denuncia dio pie a una investigación por parte de las autoridades correspondientes contra ambos políticos, el primero quién busca la alcaldía de Mérida por el PRI, en la próxima elección del 6 de junio, y contra Rosario Robles, detenida preventivamente en el penal de Santa Martha Acatitla, por el caso de la Estafa Maestra.
César Guerrero, director de Terra Peninsular, afirmó que ambos funcionarios habrían firmado cerca de diez títulos de propiedad apócrifos, a nombre de nueve personas que fungieron como prestanombres, además de que se trata de propiedad privada, lo que convierte a este ilícito en un delito ambiental, por ser una reserva con numerosas especies de flora y fauna en peligro de extinción.
Guerrero explicó que se trata de al menos mil 600 hectáreas que comprenden las reservas naturales Monte Ceniza y Punta Mazo, ambas resguardadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
En su denuncia, César Guerrero estableció que hicieron la venta irregular “a un precio ridículo (74 pesos el metro cuadrado) y que, en nuestro análisis jurídico incluso algunos de los presuntos dueños que compraron son personas que ya fallecieron, es decir prestanombres, lo que conforma un proceso oculto y malicioso”.
Aclaró que al momento “se tienen dos juicios de amparo y una demanda penal contra Robles y Marín, por ser quienes firmaron estos documentos de propiedad privada en beneficio de particulares”.
De acuerdo con la denuncia, la Sedatu entregó los títulos de propiedad a nueve personas (Francisco Sesma, Héctor Bojórquez, Miguel Valadez, Manuel Fernández, Guadalupe Díaz, Daniel Salazar, Everardo Vayon, Gerardo Rivera y Manuel Cota) con la firma de Robles y Marín, lo que dio por concluido el traspaso de esta área natural de mil 600 hectáreas, a pesar de que se trataba de propiedad privada.
“De entrada es un absurdo, es un abuso y es un robo, ya que estas eran tierras privadas, esto ya no era tierra de la nación; pero si estuviéramos hablando de terrenos nacionales y alguien les concede esos precios ridículos, entonces es un robo a la nación”, aseguró César Guerrero.
Cabe señalar que de forma paralela a esta investigación, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que se prepara una denuncia contra Rosario Robles “por la venta irregular de estos terrenos federales en Baja California”, donde también está involucrado Jorge Carlos Ramírez Marín.
Con información de Cronica.com.mx
