Con la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán el salario de miles de servidores públicos en activo irá decreciendo, se verán obligados a trabajar más años, recibirán una menor cuantía al jubilarse y no se dignificará su derecho a un retiro justo.
El coordinador de la bancada priísta, Gaspar Quintal Parra, señaló que si bien el sistema de seguridad social requiere una reestructuración en su organización y funcionamiento que motive adecuaciones presupuestales, no hay que permitir una legislación que revierta los derechos laborales adquiridos de las y los burócratas de Yucatán.
Por tal razón, el legislador anticipó que en el Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso local, que se realizará mañana jueves, la Fracción del PRI votará en contra de esta nueva ley por el riesgo de vulnerar el futuro de los trabajadores al servicio del Estado.
La Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional afirmó que “el salario de servidores públicos en activo irá decreciendo conforme el índice nacional de precios al consumidor, que si se analiza, nunca se detiene, sino que por el contrario, las condiciones externas como las que acontecieron en esta pandemia afectan costos en enseres y bienes esenciales para garantizar un mínimo vital.
Con esta ley que se pretende aprobar, la vida laboral aumenta en forma obligada, ya que hay una nueva condición de contar con 65 años de edad para poder jubilarse, lo que provocará que las personas mayores continúen laborando más tiempo y no se dignifique su derecho a un retiro justo”, criticó.
Gaspar Quintal advirtió que con esta Ley del ISSTEY los servidores públicos en transición deberán aportar cada año un 1% más de sus aportaciones hasta llegar a 13%, sin considerar temas como la inflación que provocan que su salario actual ya causa una merma en su valor adquisitivo.
Insistió que al final de su tiempo de vida laboral terminarán recibiendo una menor cuantía, o si fallecieran, sus dependientes económicos, pudiendo ser menores de edad, recibirán cuando mucho un 50% en un plazo de 6 años.
De igual forma, reprochó que en vez de que el nuevo sistema de pensiones sólo se aplique a los burócratas de nuevo ingreso, se pretenda que los alcances de esta Ley se apliquen para quienes ya se encuentran laborando en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para lo de los organismos autónomos y los Ayuntamientos afiliados, lo que pudiera ser considerado como retroactivo y por ende inconstitucional, concluyó
