Pésimo trato a los ciudadanos que acuden al Catastro estatal para hacer algún trámite, pues la mayoría de las veces se trata con desdén a las personas que acuden a hacer sus trámites, sobre todo a los más vulnerables.
Si un ciudadano solicita la actualización de su Cédula Catastral en uno de los 28 Catastros Municipales, el tiempo de respuesta será de, cuanto mucho, 5 días y en algunos casos la entrega será inmediata. En contraste con el Catastro Estatal, el mismo trámite tardaría más de 20 días, si tiene suerte.
Si lo que el usuario requiere es fraccionar su terreno, se pone peor el asunto.
Mientras que en cualquiera de los 28 Catastros Municipales tardarían 10 días o menos en expedir un Oficio de División, el Catastro Estatal tarda, por lo menos, 3 meses para entregar el mismo oficio después de haberlo solicitado.
Sin duda, esta demora en los tiempos se debe a la apatía e indolencia del personal de dicho Catastro, pero más aún, a la burocracia tan arraigada que prevalece en el sistema y en los procedimientos del Catastro Estatal.
Son excesivas las revisiones, vistos buenos, los cambios de manos del expediente también, van del área técnica a la jurídica y posteriormente a la dirección. Los procesos son burocráticos y no se muestra interés por la urgencia de la gente.
MALTRATO A LOS CIUDADANOS
En adición al pésimo servicio, es necesario mencionar que la mayoría de las veces se trata con desdén a los ciudadanos que acuden a hacer sus trámites, sobre todo a los más vulnerables.
Me refiero a la población indígena que viaja desde sus comunidades a la capital del estado para solicitar alguno de los servicios que ofrece el Catastro Estatal.
El trato es frio y la información escueta.
El usuario deja las oficinas con más dudas de las que tenía cuando llegó, con la sensación de que no podrá concluir su trámite, ya que muchas veces ni siquiera lo pueden empezar.
Se va con un “NO SE PUEDE”, “NO PROCEDE” o “NO ES FACTIBLE” que, en muchas ocasiones, el empleado de la ventanilla incluso pareciera disfrutar.
Los requisitos impuestos a los ciudadanos para llevar a cabo dichos trámites son excesivos y, en muchos casos, innecesarios, ¿Por qué no basta con el deseo manifiesto y la solicitud de cualquier propietario de un bien inmueble para que proceda su trámite?
Aparentemente, el Gobierno Estatal olvida que los usuarios del Catastro son legítimos propietarios de sus predios, que son mayores de edad, que son capaces de tomar decisiones con respecto a sus bienes y que no necesitan de su actitud paternalista (en el mejor de los casos).
Considero que el trato por parte de los burócratas es prepotente, ya que tienen el poder de dictaminar quién pasa y quién no.
La administración de Mauricio Vila debería de recordar que los ciudadanos van al Catastro por una legítima necesidad de actualizar su Cédula Catastral, en ocasiones para terminar otro trámite, el cual bien podría tratarse de una emergencia médica, legal o financiera.
A pesar del aumento de los costos por los servicios catastrales de hasta en un 140%, el servicio continúa siendo deficiente y, ahora, con la llegada de Vila Dosal, se hace más evidente el clasismo y hasta racismo que impera en el trato a los usuarios.
Se percibe que el buen trato es selectivo y está reservado para los amigos del “Gober”, como le gusta que le digan.
La atención a los ciudadanos de a pie en los 28 Catastros Municipales es muy distinta. Los funcionarios muestran una mayor sensibilidad y empatía a sus usuarios, quizá por pertenecer a la misma comunidad.
