En una decisión trascendental para la protección del medio ambiente y los derechos de la infancia y adolescencia, la Jueza Cuarta de Distrito en Mérida, concedió una suspensión provisional para detener las operaciones de la granja de cerdos denominada «Granja Porcícola Santa Maria”, ubicada en la comisaría meridana de Santa Maria Chi.
Esta acción legal surgió tras una demanda de amparo presentada el pasado 28 de noviembre por parte de niñas, niños y adolescentes de la localidad contra varias autoridades, incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), su Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Alcalde de Mérida y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento local.
La demanda interpuesta señala la operación y funcionamiento de la granja de cerdos, que alberga aproximadamente 42 mil animales de esta especie, desde hace 30 años, como un factor que afecta gravemente el entorno ambiental y los derechos de la comunidad.
La Jueza Cuarta de Distrito ordenó el cese inmediato de las actividades en la granja, incluyendo la prohibición de introducir más cerdos en el lugar.
Además, el documento publicado por la Defensoría Pública Federal señala que se llamó a juicio a empresas como «Pecuaria Peninsular S.P.R de R.L de C.V.», «Chumoxil, S.A de CV.» y «Grupo Porcicola San Gerardo», cuyos representantes legales son Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, responsables de la operación de la granja.
