El Gobierno de México exhibió este lunes a más de una decena de funcionarios que reciben un sueldo mayor al del presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo que está prohibido por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que él reformó.
El procurador federal del consumidor, Ricardo Sheffield, manifestó que mientras el mandatario tiene un salario mensual neto de 136 mil 700 pesos (unos 6 mil 835 dólares), el consejero de la Judicatura Federal y el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ganan más de 286 mil pesos (14 mil 300 dólares).
Además, que los ministros de la Suprema Corte, con un ingreso mensual de 284 mil 500 pesos (cerca de 14 mil 225 dólares), también ganan más del doble que el presidente.
La lista la complementan la gobernadora del Banco de México (248 mil 500 pesos o 12 mil 425 dólares), el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) con 240 mil 500 pesos (12 mil 25 dólares), y el presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con 206 mil 400 pesos (10 mil 320 dólares).
También aparecen los presidentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con 197 mil 700 pesos mensuales (9.885 dólares), del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) con 151 mil 300 pesos (7.565 dólares), y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con 149 mil 700 pesos (7 mil 485 dólares).
Por último, figuran el fiscal general de la república (146 mil 600 pesos o 7 mil 330 dólares) y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (141 mil 100 pesos o 7 mil 55 dólares).
El procurador señaló que el Banco de México, el INE, la Cofece, el IFT y el Inegi han presentado amparos para evitar cumplir con el artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
«Hay algunas instituciones que están amparadas y que con eso se excusan para no cumplir con una disposición que tiene ya la Constitución de nuestro país, la Constitución de México, en donde nadie debe ganar más que el señor presidente”, mencionó en la conferencia diaria en el Palacio Nacional.
Reducir los sueldos de los altos funcionarios del sector público fue una de las principales promesas de «austeridad republicana» que realizó López Obrador, quien impulsó la reforma legal para ello en noviembre de 2018, un mes antes de asumir la Presidencia.
La Suprema Corte invalidó la reforma en 2019 tras controversias constitucionales promovidas por la Cofece, el Banco de México y el INE, pero el Congreso aprobó una nueva con modificaciones en 2021.
Por ello, el presidente pidió al procurador del consumidor “que investigara sobre los que cobran más que el presidente porque se ampararon o no les importó lo que establece la Constitución”, según dijo este lunes.
